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La Refundación de las FARC y el Conflicto Armado Colombiano

25September
La Refundación de las FARC y el Conflicto Armado Colombiano

El pasado jueves 29 de agosto de 2019, Colombia despertó con la noticia de un nuevo alzamiento en armas de miembros disidentes del proceso de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, liderados por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, con el acompañamiento de figuras como Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa, y Henry Castellanos Garzón, alias Romaña.

La publicación de un video, acompañado de un manifiesto mediante el cual los excombatientes alzados de nuevo en armas responsabilizan al Gobierno Nacional del incumplimiento en los compromisos pactados en el Acuerdo de Paz de La Habana (Cuba), fracasadamente refrendado por el pueblo colombiano vía Plebiscito, y finalmente firmado por las partes vía administrativa, dan origen a un nuevo movimiento guerrillero que, en principio, retoma el nombre con el cual históricamente han sido reconocidos (FARC). Sin embargo, ello implica un desafío a aquellos excombatientes que mantienen y reafirman su compromiso con el proceso de paz, agrupados bajo el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), liderados por el antiguo máximo comandante del grupo guerrillero, Rodrigo Londoño Jiménez, conocido anteriormente como Timoleón Jiménez o Timochenko.

Este acto de fundación – o refundación – de tales fuerzas armadas al margen de la ley, generó una reacción de rechazo generalizado a nivel nacional. Sin embargo, la opinión sobre a qué entidad le atañe su responsabilidad ha sido diversa. Algunos actores afines al Gobierno Nacional, indican que dicho rearme es la consecuencia natural de un proceso de paz mal negociado, mal refrendado y mal implementado por el anterior gobierno de Juan Manuel Santos, que significó demasiadas concesiones y garantías de impunidad a los exmiembros de las FARC (como grupo armado), y que ante ello es necesario responder con toda la fuerza militar del Estado para acabar por la vía armada con este grupo disidente. La apertura a la posibilidad de un recrudecimiento del conflicto armado colombiano podría traer como consecuencias, un incremento en el número de actos violentos como efecto del accionar militar entre el Estado y las FARC, y con ello, un aumento en el número de víctimas (muertos y heridos en combate y afectación a la población civil en medio del conflicto), como en efecto, ha sucedido en cada uno de los intentos fracasados de negociación con este grupo armado: en 1982 durante el gobierno de Belisario Betancur Cuartas, en 1992 con César Gaviria Trujillo, y en 1998 con Andrés Pastrana Arango. En efecto, como se puede observar en el siguiente gráfico, según datos de la Red Nacional de Información (2019) en todos los casos se presentó un incremento general en el número de víctimas en los años posteriores al fracaso de los intentos de negociación, siendo el año más severo el 2002, año en el que se rompen los diálogos de San Vicente del Caguán, a cargo del expresidente Andrés Pastrana Arango.

Víctimas del conflicto armado colombiano 1985 -2019

Otros sectores acusan al Partido Centro Democrático y en general al Gobierno Nacional, de sabotear y bloquear sistemáticamente la implementación de los acuerdos de paz, mediante la proposición de nuevas leyes y modificación de las ya existentes, relacionadas con los alcances de dicho proceso de implementación. Para citar un ejemplo, el proyecto de Ley 131 de 2018 (por medio de la cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones) presentado por la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), modifica el alcance del derecho de las víctimas para acceder a la restitución de tierras, ya que esta última no sería preferente al momento de reparación a víctimas de despojos y abandonos de tierras, y otorga prioridad a otras modalidades de reparación, como reubicaciones, compensaciones y otros mecanismos que impedirían que las víctimas recuperen las tierras de las que fueron desalojados.

A nivel internacional, la principal actitud ha sido manifestar el rechazo frente al rearme de exmiembros de las FARC (grupo armado), y reafirmar el compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz conseguido en La Habana (Cuba). Así lo hicieron públicamente el Gobierno de Ecuador, a través de su presidente Lenín Moreno, el ministerio de asuntos exteriores del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez, o el Gobierno de Alemania, a través de su embajador en Colombia. Lo anterior es solo una pequeña muestra de que la comunidad internacional entiende la dimensión de lo logrado en La Habana, y manifiesta su compromiso con facilitar el proceso de implementación a través de millonarios aportes al mismo (estimados en 20 billones por el DNP, entre cooperación internacional e inversión privada), los cuales podrían quedar en riesgo, o desaparecer súbitamente, si finalmente fracasa el actual proceso de implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana.

Es un hecho que la implementación de los Acuerdos de Paz tiene deficiencias de ambas partes: justamente, los líderes del nuevo movimiento guerrillero FARC hacen parte de un grupo disidente que no manifestó interés en someterse a los mecanismos de justicia transicional establecidos para juzgar los delitos cometidos con ocasión y en relación con el conflicto armado colombiano (Justicia Especial para la Paz), motivo por el cual, los familiares de las víctimas de los crímenes que se hubieren cometido en dicho contexto, no obtendrán el testimonio sobre los motivos por los cuales se llevaron a cabo dichos crímenes, y de esta manera será mucho más difícil establecer procesos de reconciliación en Colombia. De igual manera, el Estado ha presentado fallos en la protección de los desmovilizados de este proceso, y como resultado de ello se han presentado alrededor de 130 asesinatos de exmiembros de las FARC y familiares de los mismos.

Desde INEPAZ – UNISABANETA, se hace un llamado a la comunidad internacional, al Gobierno Nacional, a los excombatientes y a la comunidad en general, para mantener la confianza en un proceso de paz que ha dejado, a manera de cifras preliminares, cerca de 9.000 armas en manos de las Organización de Naciones Unidas, una reducción en el número de víctimas (entre civiles y combatientes) cercana al 97% (pasando de un promedio de 3000 muertes al año, a una cifra total de 78 según datos de la Unidad de Víctimas), una disminución cercana al 78% en el número de víctimas de desplazamiento forzado.