El 11 de octubre de 2023, la Ley 2300 de 2023, conocida popularmente como la «Ley Dejen de Fregar», entró en vigencia en Colombia. Esta normativa tiene como objetivo proteger el derecho a la intimidad de los consumidores, estableciendo límites claros sobre los canales, horarios y la periodicidad en los que estos pueden ser contactados, especialmente en contextos financieros y comerciales.
Carolina Díaz, laborando en Secretaría General Unisabaneta
Protección a los Consumidores: La ley protege tanto a los consumidores financieros como a los comerciales. Los consumidores quedaron resguardados frente al envío de mensajes publicitarios a través de SMS, mensajería por aplicaciones o web, correos electrónicos y llamadas telefónicas comerciales o publicitarias.
Obligados a Cumplir: La normativa aplica a personas naturales y jurídicas que realizan gestiones de cobranza, entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, y productores y proveedores de bienes y servicios públicos y privados.
Restricciones y Horarios de Contacto: La gestión de cobranza y el envío de mensajes publicitarios solo puede realizarse en los siguientes horarios:
- Lunes a viernes: 7:00 am a 7:00 pm
- Sábados: 8:00 am a 3:00 pm
- No se permite el contacto los domingos ni festivos.
Además, la ley impuso restricciones significativas a los gestores de cobranza, incluyendo la prohibición de consultar al consumidor financiero sobre el motivo de incumplimiento de su obligación y contactar a referencias personales del deudor. Tampoco pueden contactar al avalista, codeudor o deudor solidario fuera de los horarios establecidos.
Excepciones y Sanciones: La ley contempla excepciones para casos específicos como microcréditos y situaciones donde no se dispone de información actualizada de contacto. También se exceptúan los contactos para confirmar operaciones monetarias, enviar información solicitada por el consumidor o alertar sobre transacciones sospechosas.
El incumplimiento de estas medidas será sancionado por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y sus modificaciones.
Esta ley marcó un importante avance en la protección de los derechos de los consumidores, buscando un equilibrio entre la gestión comercial y el respeto a la privacidad de los ciudadanos.